De acuerdo con el derecho nacional e internacional, la ilegalidad de las acciones que llevó a cabo la administración Trump en Venezuela a principios de este mes tiene graves consecuencias a largo plazo para la paz y la seguridad internacional, más allá de ser una crisis inmediata y de los costos que representa para el pueblo venezolano.
Las acciones de la administración y sus explicaciones son mucho más que una violación del derecho nacional e internacional: socavan directamente la idea misma de que Estados Unidos o su administración deben estar sujetos a la ley o a los conceptos de soberanía estatal.
El bombardeo de varios sitios alrededor de Caracas y la captura y entrega del presidente de Venezuela y su esposa a Estados Unidos se consideran ampliamente como actos de agresión ilegales contra una nación soberana según el derecho internacional. Esto ocurrió después de varias semanas de otras acciones ilegales y de intensificación, incluyendo el asesinato de civiles en alta mar y la incautación de buques petroleros. Junto con la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos permanecerá en Venezuela y controlará su petróleo “durante años”, esto desmiente las afirmaciones de la administración respecto a que la extracción de Maduro fue una acción “quirúrgica” para hacer cumplir la ley, de acuerdo con su explicación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada.
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un Estado, excepto en casos de legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ninguno de los cuales aplica en este caso. Estas acciones también violan los principios fundamentales de la Organización de los Estados Americanos, entre ellos el rechazo de los actos de agresión y el respeto de la soberanía y el derecho internacional.
Las acciones del presidente también revelan un desprecio por la legislación nacional. Su uso de la fuerza militar no fue autorizado por el Congreso, como requiere la resolución sobre los poderes bélicos. No se consultó al Grupo de los Ocho (los líderes clave del Congreso en cuestiones de seguridad), lo que es una práctica habitual en operaciones delicadas. Solo se les notificó después de que la intervención había comenzado.
Con esto aumenta a siete el número de países bombardeados por Estados Unidos en el 2025: Irak, Somalia, Siria y Yemen, una continuación de las acciones de administraciones anteriores, así como los nuevos objetivos en Irán, Nigeria y Venezuela. Tal parece que no hay nadie en la administración ni en el Congreso que pueda limitar de manera significativa las decisiones del presidente y su equipo respecto al uso de dicha fuerza, ni exigir que cualquier acción cumpla con la ley o sea estratégicamente sensata.
De la cooperación internacional pasamos a la agresión unilateral
Desde su primera conferencia de prensa después de la acción militar en Venezuela, el presidente dejó claro que una de las principales razones por las que Estados Unidos tomó dicha acción fue para dar a las empresas estadounidenses un mayor acceso a las reservas petroleras del país.
La afirmación del presidente Trump de que Estados Unidos “gobernará” Venezuela también constituye una violación de la soberanía y abre la puerta al control corporativo y a la extracción de recursos. Además, invoca la historia imperialista de Estados Unidos en el hemisferio occidental como si fuera algo deseable. De hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada reafirma la “preeminencia” de Estados Unidos en el hemisferio occidental como un objetivo clave.
Después de dos guerras mundiales destructivas, el mundo redactó un conjunto de leyes internacionales, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de establecer principios para salvaguardar la soberanía y la justicia, además de promover las causas de la paz y la seguridad a través de la diplomacia sin recurrir a la agresión. Como superpotencia, Estados Unidos se benefició de este acuerdo y de la confianza, la influencia y la legitimidad que le confería, aunque no siempre respetara sus principios.
Sin embargo, el presidente y sus asesores, incluyendo el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller, dejaron claro que las acciones de la actual administración no son excepciones al orden basado en las normas, sino que dicho orden ya no les conviene y que su objetivo es organizar al mundo bajo la doctrina del derecho del más fuerte.
Miller afirmó que las “leyes de hierro del mundo” exigen un mundo “gobernado por la fuerza, gobernado por el poder”. Cuando se le preguntó directamente la semana pasada en una entrevista con el New York Times si tenía que respetar el derecho internacional, el presidente respondió de forma evasiva y señaló que la única guía que tiene para ejercer el poder es “mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme”.
Esta visión de corto plazo que da prioridad a las ventajas unilaterales perjudica la capacidad del mundo de sobrevivir a los retos existenciales a largo plazo. Durante décadas, las normas del derecho internacional han permitido que las naciones evitaran las guerras de agresión a gran escala, aunque sea de forma imperfecta, al establecer un marco para una autoridad superior a la del “derecho del más fuerte”. Fundamentalmente, una base de confianza y estabilidad permite que los países trabajen juntos para abordar los problemas que no pueden resolverse de forma individual, incluyendo el cambio climático, la no proliferación y el desarme nuclear, las pandemias, y el bienestar económico y social.
Y aunque la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del 2025 reconoce que “las alianzas con nuestros aliados y socios en las regiones más importantes desde el punto de vista estratégico” son un “activo” fundamental para la seguridad, la decisión que tomó Estados Unidos la semana pasada de retirarse de 66 organizaciones internacionales es otra indicación de que la administración considera que este tipo de cooperación aporta poco valor. Las organizaciones en cuestión incluyen una amplia variedad de iniciativas de cooperación, entre ellas las relacionadas con el clima, el derecho y la sociedad, la seguridad y la no proliferación.
La eliminación de las estructuras jurídicas y normativas internacionales sirve de pretexto para que otros Estados emprendan guerras de agresión y socava la posición de Estados Unidos de oponerse a la guerra de Rusia contra Ucrania y a otras guerras de agresión. Además, la falta de una respuesta significativa a nivel nacional e internacional anima a esta administración a no aceptar límites en su afán por conseguir más.
En declaraciones posteriores a la invasión de Venezuela, el presidente también amenazó con un cambio de régimen en Cuba, México y Colombia. Considerando la extensa y destructiva historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, esta no se tomó como una amenaza infundada. Y pocos días después, el presidente amenazó con tomar Groenlandia, territorio de Dinamarca, uno de los aliados históricamente más fieles de Estados Unidos y miembro de la OTAN.
Según se informa, incluso ordenó al comandante de las fuerzas especiales estadounidenses que elabore planes de invasión. El presidente descartó que fueran suficientes los términos generosos actuales que permiten a Estados Unidos acceder a Groenlandia para instalar bases militares, afirmando que se requería la “propiedad” para tener un confort “psicológico”. La toma de Groenlandia probablemente significaría el fin de la alianza de la OTAN y abriría la puerta a un conflicto directo entre Estados Unidos y Europa, incluyendo a los otros dos países de la OTAN que tienen armas nucleares.
Incluso sin un ataque militar directo, el hecho de amenazar a los países vecinos y desmantelar alianzas históricas tendrá consecuencias significativas para la seguridad regional e internacional, dando lugar a un entorno probablemente menos predecible y más conflictivo.
Los riesgos aumentan en una era sedienta de poder
Los líderes tendrán que preocuparse más por el hecho de que este tipo de conductas ahora resultan más tolerables y con menos mecanismos para la rendición de cuentas. Los analistas plantean que Corea del Norte, un país que ya teme un ataque decapitante por parte de Estados Unidos, pudiera considerar que este riesgo es mayor que antes, ahora que la administración Trump las ha puesto en práctica, lo que aumenta la posibilidad de malas interpretaciones y afianza aún más su apuesta por las armas nucleares como garante de la seguridad.
La cooperación entre adversarios y aliados ha sido clave para los esfuerzos de no proliferación nuclear, desarme y reducción de riesgos, los cuales reconocen que un conflicto a gran escala podría ser catastrófico en la era nuclear. Es probable que sea aún más difícil continuar con estos esfuerzos bajo las condiciones actuales. Aunque las tendencias sean preocupantes, todavía hay algunas maneras significativas para imponer límites.
El Congreso debe ejercer su autoridad constitucional para autorizar el uso de la fuerza militar a través de la resolución sobre los poderes bélicos; el voto del Senado el jueves pasado para proceder a una votación en el pleno es positiva, pero apenas es el primer obstáculo entre muchos. El Congreso debe responsabilizar a la administración por el uso ilegal de las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela, y Estados Unidos debe reafirmar su compromiso con el derecho nacional e internacional, así como con la búsqueda de una seguridad común basada en la soberanía y el respeto a la justicia y los derechos humanos.