Laura Peterson es coautora de este artículo.
El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump con el fin de “hacer que el petróleo fluya” es como un ladrón que roba videograbadoras: está asumiendo un gran riesgo por un artículo cuyo valor es cada vez menor. En este caso, la tecnología obsoleta es el petróleo y el riesgo no lo asume el ladrón, sino el pueblo venezolano, los contribuyentes estadounidenses y el clima mundial.
Horas después del secuestro de Maduro el 3 de enero, el presidente Trump declaró en una conferencia de prensa que “las grandes empresas petroleras estadounidenses” invertirían miles de millones de dólares para reconstruir la industria petrolera de Venezuela. Después de haber luchado ferozmente contra la rendición de cuentas por su rol en el cambio climático, es posible que la industria del petróleo y el gas crea que gozará de protección e impunidad al alinearse cada vez más con nuestro presidente autoritario.
Pero este ataque, el cual según los expertos es ilegal de acuerdo con el derecho nacional e internacional, pone en peligro a las personas en Estados Unidos y en todo el mundo, evidentemente en beneficio de una sola industria. La expansión de la infraestructura del petróleo y el gas, así como el aumento en la explotación de los recursos de petróleo y gas de Venezuela, agravarán los riesgos políticos, económicos y ambientales de un sistema de energía enfocado en los combustibles fósiles.
Y probablemente no enriquecerán a nadie más que a los aliados más cercanos de Trump.
Esta agresión más reciente de Estados Unidos en América Latina es otra manifestación de los vínculos profundos que tiene la administración Trump con las grandes empresas petroleras y su descarada priorización de las ganancias privadas y los intereses corporativos por encima del interés público. Es una combinación tóxica y peligrosa: una administración que desprecia las obligaciones legales y un presidente que se cree por encima de la ley y que ataca a otro país en nombre de una industria que ha operado prácticamente con impunidad y que está cabildeando activamente para librarse de responsabilidad por los daños que causa.
Los planes de la administración para el futuro de Venezuela siguen siendo muy preocupantes, aunque poco precisos: el presidente confirmó que Estados Unidos podría permanecer en Venezuela “durante años”. No importa que el director general de ExxonMobil, Darren Woods, y otros ejecutivos petroleros hayan expresado su escepticismo después de reunirse recientemente con el presidente en la Casa Blanca. Tampoco está claro qué papel pretende desempeñar el Congreso con el debate sobre la resolución de los poderes bélicos que se va a realizar en el Senado.
El imperialismo estadounidense, la historia de Venezuela y la doctrina “Donroe”
Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en el mundo, pero solo extrae un pequeño porcentaje de ese petróleo. Muchas empresas petroleras con sede en Estados Unidos operaban en Venezuela, pero las relaciones con el gobierno de ese país se tensaron después de que sus líderes crearan la empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela SA en 1976.
Cuando el expresidente Hugo Chávez nacionalizó de forma más amplia la industria del petróleo y el gas en el 2007, ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron los términos de los nuevos contratos y Chávez expropió los activos de dichas empresas. Ambas compañías presentaron denuncias contra Venezuela ante tribunales internacionales, mismos que eventualmente les concedieron indemnizaciones por miles de millones de dólares que Venezuela no ha pagado.
Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela relacionadas con el tráfico de drogas por primera vez en el 2005, pero la primera administración del presidente Trump amplió dichas sanciones al ámbito financiero. Hoy en día, Chevron es la única empresa petrolera estadounidense que opera en Venezuela bajo una exención de sanciones concedida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Varias empresas chinas, rusas, italianas y españolas también tienen presencia en Venezuela.
Las sanciones agravaron la presión en la economía venezolana, lo que impidió que el país mantuviera su infraestructura petrolera y redujo considerablemente las exportaciones. El presidente Trump afirma que los conocimientos técnicos de las empresas estadounidenses y la inversión de las grandes petroleras pueden reconstruir esa infraestructura y permitir el aprovechamiento de las riquezas petroleras, una afirmación con la que los expertos no están de acuerdo.
La operación que se llevó a cabo en Venezuela es un ejemplo clásico de imperialismo, en el cual los países con ejércitos más grandes toman el control de países más pequeños bajo un pretexto de seguridad nacional con el fin de controlar sus recursos naturales. Muchos estudios que se han realizado sobre este patrón demuestran que los beneficios del extractivismo pocas veces llegan a la población del país donde se encuentran los recursos.
Como escribí cuando Rusia atacó a Ucrania en el 2022, “hay suficiente evidencia en todo el mundo de que las naciones cuyas economías dependen en gran medida de la extracción de petróleo y gas son menos seguras y menos estables que aquellas que dependen menos de los recursos fósiles. La ‘maldición de los recursos’ afecta a las economías extractivas con una desigualdad profundamente arraigada y una gobernanza antidemocrática”.
A pesar de la retórica del presidente Trump, es poco probable que el pueblo venezolano que actualmente está sufriendo se beneficie si la intervención estadounidense genera un aumento de la extracción de petróleo y gas en el país.
Según el ex director general de una empresa de combustibles fósiles y actual secretario de Energía, Chris Wright, Estados Unidos tiene la intención de vender el petróleo venezolano “indefinidamente” y los ingresos se “depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos”, pero luego “regresarán a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano”.
El senador Chris Murphy de Connecticut comentó a POLITICO: “Es un plan descabellado. Están proponiendo robar indefinidamente el petróleo de Venezuela a punta de pistola y aprovecharse para gobernar al país”.
La incursión en Venezuela podría ser el primero de varios intentos por tomar el control de países de Sudamérica bajo la “Doctrina Donroe” reimaginada por el presidente Trump (un corolario de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto del siglo XIX, los cuales sentaron las bases de las pretensiones imperialistas de Estados Unidos en las Américas), con el objetivo de dar a Estados Unidos el control de más del 40% del petróleo mundial y la capacidad de controlar los precios de las materias primas.
ExxonMobil y otras empresas estadounidenses están obteniendo cuantiosos ingresos y utilidades de la producción de petróleo en Guyana, país vecino de Venezuela, además de que están muy interesadas en conservar el acceso a los recursos terrestres y marítimos (a pesar de que ExxonMobil se enfrenta a varias demandas ambientales por sus operaciones de perforación en alta mar). Venezuela y Guyana llevan años enfrascadas en una disputa territorial por su región fronteriza rica en petróleo y se informa que embarcaciones militares venezolanas han amenazado a los buques petroleros de ExxonMobil.
El petróleo venezolano también es uno de los más intensivos en carbono a nivel mundial, lo que significa que sería devastador para el clima si se aumentara su producción.
El presidente Trump ha amenazado a Colombia, Cuba y México. Y cabe señalar que esta incursión militar estadounidense se realizó pocos meses antes del inicio de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles en Colombia, la cual fue anunciada después de que más de 80 países pidieran una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles durante las conversaciones internacionales sobre el clima (COP30) que se realizaron el año pasado en Brasil. Las acciones ilegales del presidente Trump demuestran que es necesaria una eliminación justa y rápida de los combustibles fósiles para la seguridad en las Américas y en todo el mundo.
Las grandes petroleras se benefician y se congracian
El presidente Trump ha dedicado una gran parte de su agenda a suprimir las energías renovables en Estados Unidos y a nivel internacional, además de inflar el mercado de los combustibles fósiles. La cancelación de proyectos eólicos en alta mar meses antes de su puesta en marcha; la terminación de los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos; la apertura de terrenos federales para la perforación y retirar a Estados Unidos de los organismos internacionales sobre el clima: todas estas son acciones destinadas a regresar a una época en la que no existía la energía limpia, además de que son incongruentes con la realidad de la crisis climática que se agrava rápidamente.
El presidente Trump cambió la política nacional e internacional de Estados Unidos con la expectativa de contar con el apoyo de la industria más poderosa del país. Su presunta reunión con varios líderes de la industria durante la campaña electoral para solicitar mil millones de dólares en contribuciones, así como las donaciones récord provenientes de la industria, revelan que dicha industria está estrechamente relacionada con la política de la administración Trump, independientemente de que intente mantener su distancia de manera pública. (Desde hace tiempo, ExxonMobil tiene una postura de aseverar su independencia, mientras se beneficia enormemente de su influencia sobre los políticos y las políticas estadounidenses.
Su ex director general, Lee Raymond, no podría haberlo dicho con mayor claridad: “No soy una empresa estadounidense y no tomo decisiones basadas en lo que es bueno para Estados Unidos”). Sin embargo, se reporta que algunos líderes de la industria fueron consultados ante el Congreso respecto a la incursión militar estadounidense en Venezuela y los altos ejecutivos se reunieron con el presidente el viernes pasado.
Es costoso extraer y procesar el crudo pesado de Venezuela, por lo que las empresas petroleras con sede en Estados Unidos podrían tardar algún tiempo en obtener ganancias sustanciales. El petróleo venezolano también es uno de los más intensivos en carbono a nivel mundial, lo que significa que sería devastador para el clima si se aumentara su producción.
Chevron podría estar mejor posicionada para aprovechar la situación y seguir operando con impunidad, como lo hizo en el Amazonas ecuatoriano, mientras que ExxonMobil y ConocoPhillips pueden presentar sus demandas multimillonarias contra el Gobierno venezolano. Y si deciden regresar al país, el ejército estadounidense podría proporcionarles seguridad a costa de los contribuyentes estadounidenses.
Marathon, ExxonMobil y Citgo son propietarios de algunas de las refinerías más importantes en la costa del Golfo que pueden refinar el petróleo de Venezuela. Pero mientras las refinerías estadounidenses esperan beneficiarse del crudo pesado que produce Venezuela, los daños para la salud y el medio ambiente empeorarían en las comunidades de la costa del Golfo de Louisiana y Texas, mismas que ya sufren de racismo ambiental.
Además, Paul Singer, un multimillonario fundador de Elliott Investment y partidario de Trump, adquirió Citgo unos días antes de la invasión, lo que plantea dudas sobre el uso de información privilegiada.
El presidente Trump y su red corrupta intentan consolidar su poder político antes de las elecciones de mitad de mandato. Esta demostración de fuerza ilegal complementa la intensificación de los ataques contra la sociedad civil estadounidense, el cabildeo de la industria de los combustibles fósiles para obtener inmunidad ante su responsabilidad por los daños causados por el cambio climático y los esfuerzos para que la Corte Suprema rechace las demandas por dicha responsabilidad.
A medida que la administración Trump retira a Estados Unidos del principal tratado internacional para combatir el cambio climático y de la fuente de información más confiable sobre la ciencia del clima, se apoya en las tácticas de desinformación utilizadas por la industria de los combustibles fósiles e intenta socavar la sólida ciencia de atribución que sustenta las reclamaciones de responsabilidad ambiental.
La apropiación del petróleo es una medida típica autoritaria
Las evidencias obtenidas en todo el mundo lamentablemente demuestran que el autoritarismo favorece más los intereses de la industria del petróleo y el gas que la democracia. Además, los daños causados por la industria de los combustibles fósiles afectan de manera desproporcionada a las personas históricamente marginadas, especialmente en el sur global.
Las empresas transnacionales de petróleo y gas, sus filiales, empresas conjuntas y socios comerciales, suelen establecer buenas relaciones con los regímenes militares y apoyarse en facciones políticas locales o mercenarios para recibir protección, lo que a menudo da lugar a terribles abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente (algunos ejemplos: Shell en Nigeria, Occidental en Colombia, Chevron en Ecuador y Birmania/Myanmar, ExxonMobil en Guinea Ecuatorial).
Las acciones y los planes de la administración Trump van en contra de las opiniones consultivas sobre el cambio climático emitidas el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, las cuales dejaron en claro que la falta de acción climática es una violación del derecho internacional, reconocieron que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos y aclararon que las naciones tienen la obligación de regular a las empresas de combustibles fósiles bajo su jurisdicción.
Al pasar por alto el derecho internacional y los límites constitucionales en su ataque a Venezuela, la administración Trump no solo está intensificando el riesgo geopolítico, sino que está haciendo que Venezuela sea un entorno menos viable para la inversión responsable y las operaciones de negocios a largo plazo. Las acciones militares sin una base jurídica clara socavan la previsibilidad, la estabilidad de los tratados y las garantías del estado de derecho en las que se basan las empresas al tomar decisiones multimillonarias sobre infraestructura, financiamiento y seguros. En vez de “abrir” Venezuela a la inversión, este enfoque genera volatilidad, incertidumbre jurídica y riesgos para la reputación de las empresas.
Una apuesta perdida por las grandes petroleras
A pesar de sus mejores esfuerzos, el presidente Trump no puede detener la transición hacia la energía limpia. Los líderes y los mercados a nivel mundial saben que actualmente la energía renovable es más económica, más saludable, más accesible y más confiable que los combustibles fósiles.
Se prevé que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en más de 2 millones de barriles diarios en el 2026, y actualmente los precios del petróleo se encuentran en su nivel más bajo en cuatro años. Eso significa que las inversiones en Venezuela no serían rentables de inmediato para poder mantener los precios bajos, tal como le gustaría hacer al presidente Trump para apaciguar a los consumidores, especialmente con la incertidumbre política que existe.
Pero las finanzas no son la única razón por la que la postura radical de la administración Trump con respecto al petróleo es una apuesta perdida. La producción y el uso continuo de combustibles fósiles amenazan nuestro clima, la salud pública y los derechos humanos. La quema de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global, el cual tiene un costo para nuestro país de miles de millones de dólares cada año, a pesar de los intentos de esta administración por enterrar la ciencia climática. Además, las inquietudes respecto a la incursión en Venezuela ilustran perfectamente cómo un sistema energético basado en los combustibles fósiles agrava las desigualdades económicas, sociales y políticas.
La adicción del presidente Trump a los combustibles fósiles no hará que los estadounidenses estén más seguros ni tengan una mayor riqueza. De hecho, sucederá lo contrario: nos arrastrará a una aventura imperialista al estilo del siglo XIX que impondrá altos costos a todos los habitantes del planeta. Esta apropiación ilegal e imperialista del petróleo es otra razón más por la que todos debemos alzarnos en una protesta pública, sostenida y no violenta, además de recurrir a la resistencia civil.
Esta es una traducción del artículo publicado en inglés el día 13 de enero.