Esta nota fue publicada originalmente en EFE Verde.
Es un disparate que con la temporada de huracanes a la vuelta de la esquina y con el alza en la frecuencia de desastres climáticos de gran magnitud, el gobierno del presidente Trump haya ordenado al Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) suspender la traducción de sus alertas meteorológicas al español y otros idiomas. Sumado a la reciente orden ejecutiva que declara el inglés como idioma oficial de Estados Unidos (y que de paso deroga una orden ejecutiva del año 2000 para impulsar el acceso a servicios gubernamentales para personas que no dominan el inglés), se le cierra el acceso a información vital a millones de personas en los Estados Unidos cuyo idioma principal no es el inglés.
Esta decisión–por una supuesta falta de presupuesto–no es un mero ajuste administrativo: es una movida cruel y peligrosa que pone en riesgo la vida de millones de hispanohablantes y otras comunidades en Estados Unidos cuyo idioma principal no es el inglés. ¿Cómo puede una familia prepararse ante un tornado, un huracán, un incendio forestal o una ola de calor si no entiende lo que dice una alerta?
Decisiones discriminatorias
Desde mis años como estudiante de geografía en Arizona hasta mi trabajo actual como científico social en la Unión de Científicos Conscientes, he estudiado cómo los peligros ambientales y las decisiones racistas y discriminatorias en materia de política pública afectan de forma desigual a comunidades de bajo ingreso y, en particular a las y los Latinos y a las personas de raza negra. Las acciones recientes para debilitar al NWS y suspender su servicio de traducciones forman parte de una tendencia alarmante: el abandono de los principios de equidad, transparencia y servicio público en favor de intereses económicos y políticos particulares.
El NWS ha sido, desde sus orígenes en 1849, un bastión de la seguridad pública. Sus pronósticos, alertas y datos meteorológicos son financiados con dinero público y tienen un propósito claro: salvar vidas. Sin embargo, el permitir el lapso del contrato con LILT (la empresa privada encargada de traducir las alertas al español, chino, francés, vietnamita y samoano) pone en riesgo esa misión, especialmente en estados y territorios como Arizona, Texas, Florida, California y Puerto Rico, donde millones de personas hablan español como su primer idioma.
Justicia ambiental
Esta suspensión no es un asunto menor. La capacidad de recibir una alerta por calor extremo, entender una advertencia de tornado o una orden de desalojo ante un huracán o inundación repentina puede depender, literalmente, del idioma en que se emite la información.
No se trata de una exageración. Es una cuestión de justicia ambiental y climática, tanto como de equidad en la preparación ante desastres. La eliminación del contrato de traducción ignora el impacto real sobre las comunidades que ya enfrentan barreras estructurales como bajos ingresos, discriminación y acceso limitado a servicios de emergencia y recuperación luego de un desastre.
Estas decisiones reflejan un patrón preocupante del desmantelamiento del NWS, en línea con presiones de ciertos sectores para privatizar el servicio y restringir el acceso libre y público a los datos meteorológicos. Peor aún, existe el riesgo de que esta información–generada con fondos públicos–acabe en manos privadas y nos pongan a pagar por segunda vez por un servicio por el cual ya pagamos con nuestros impuestos. Esto ampliaría una brecha ya existente: quienes pueden pagar por datos precisos estarían mejor preparados, mientras que el resto de nosotros quedaría desprotegido.
Poblaciones tradicionalmente desatendidas
La equidad no es un concepto abstracto. El propio exdirector del NWS, Ken Graham, fue muy claro al afirmar que el servicio de traducción “mejorará la equidad de nuestro servicio para las poblaciones tradicionalmente desatendidas y vulnerables que tienen un dominio limitado del inglés”. Esta visión es esencial, y su abandono es, francamente, aborrecible.
La ciencia del clima y la meteorología no reconocen fronteras ni idiomas; en cambio, las decisiones humanas sí. Y cuando esas decisiones priorizan la eficiencia económica sobre la salud y vida de la gente, las consecuencias caen más fuertemente entre quienes tienen menos voz y representación.
Sabemos que el cambio climático está intensificando los eventos meteorológicos extremos. Comunicar de manera clara, accesible y multilingüe es hoy más urgente que nunca para proteger nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras escuelas y lugares de trabajo. El acceso equitativo y libre de costo a la información meteorológica no debe ser optativo: es tanto un derecho como necesidad pública. Después de todo, los contribuyentes en Estados Unidos ya han pagado por éste servicio público y tienen derecho al mismo.
El gobierno federal debe rectificar esta decisión cuanto antes y buscar soluciones sostenibles para garantizar que todos, sin importar el idioma que hablen, tengan acceso a la información que necesitan para estar a salvo del sin número de eventos meteorológicos extremos que nos acechan.